La regularización de extranjeros impulsa un 15% la contratación de empleadas del hogar respecto a hace un año
Según una portada publicada en El País el día 5 de noviembre de 2026, el crecimiento registrado en las contrataciones de trabajadoras domésticas tras la implementación de políticas de regularización para migrantes ha alcanzado un incremento del 15 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. Este dato se presenta como parte de un análisis económico que examina cómo los avances en la legalidad laboral de personas extranjeras han influido directamente en sectores vulnerables y poco regulados.
Contexto histórico: El empleo doméstico en España
El sector de trabajo doméstico en España ha sido históricamente uno de los más dependientes de mano de obra no formal, principalmente compuesta por mujeres extranjeras procedentes de países latinoamericanos y africanos. Aunque el número total de trabajadoras registradas al sistema de seguros sociales aumentó significativamente desde 2019 —a pesar del retraso en la implementación de mecanismos de inclusión laboral—, las cifras oficiales indican que apenas un 35 por ciento de estas empleadas están afiliadas a una entidad de protección social.
Desde 2018, el Ministerio de Trabajo ha registrado más de 47 mil nuevas inscripciones anuales en el registro nacional de trabajadores no regulados, con mayor concentración entre mujeres mayores de 30 años. La mayoría de estos casos se registraron en comunidades autónomas como Cataluña, Andalucía y Castilla-La Mancha, donde la demanda doméstica es particularmente alta debido al crecimiento urbano y a las condiciones familiares específicas.
La política de regularización: avances y mecanismos
El proceso de legalización de extranjeros que comenzó oficialmente en 2021 mediante una serie de reformas legislativas ha sido clave para facilitar el acceso del trabajo doméstico a los sistemas de protección social. Entre ellas se destacan la Ley de Integración Laboral (Ley 3/2021) y el Decreto Reglamentario sobre Afiliaciones por Trabajo No Formal, ambos publicados en el Boletín Oficial del Estado.
Cada año, desde 2022 hasta 2026, las autoridades han permitido a más de 85 mil trabajadores extranjeros presentar solicitudes formales ante el Servicio Público de Empleo (SE). De estas, alrededor del 49 por ciento fueron asignadas a actividades domésticas. El proceso incluye la verificación de antecedentes laborales, la obtención de una licencia temporal y la validación de condiciones de trabajo que cumplan con los estándares mínimos establecidos en el Reglamento General sobre Trabajo Doméstico.
Impactos observados: crecimiento en contratación
El informe publicado por El País, basado en datos recopilados desde el Instituto Nacional de Estadística (INE) entre octubre del 2025 y noviembre del 2026, muestra un aumento del 15 por ciento en las contrataciones formales de empleadas domésticas respecto al año anterior. Este incremento se distribuye uniformemente a través de todas las regiones, aunque es más pronunciado en zonas con alta densidad poblacional.
Los registros indican que este crecimiento no solo afecta la cantidad total de trabajadoras contratadas, sino también su perfil demográfico: aumentó significativamente el número de mujeres mayores de 40 años que acceden a contratos regulares, lo cual sugiere una mejora en los mecanismos de inclusión laboral para grupos históricamente excluidos del mercado formal.
Falta de cobertura y empleo sumergido
A pesar del avance registrado, las fuentes oficiales señalan que el número total de afiliaciones al sistema sigue muy lejos de alcanzar su máximo histórico. En 2026, solo se registraron cerca de 135 mil trabajadoras domésticas formales, frente a un pico previsto en 2024 de aproximadamente 198 mil. Esta brecha indica una alta tasa de empleo no regulado.
El sector laboral ha advertido repetidamente que la mayoría de los contratos de trabajo doméstico aún permanecen fuera del ámbito formal. Según datos recopilados por el Consejo Nacional de Trabajo Doméstico (CNTD), más del 70 por ciento de las mujeres que realizan labores domésticas no están afiliadas al sistema de seguros sociales ni tienen contrato escrito, lo cual impide su acceso a beneficios como salud, jubilación o protección en caso de accidentes.
Evidencias de vulnerabilidad y condiciones laborales
Las condiciones laborales en este sector siguen siendo objeto de preocupación por organizaciones defensoras de derechos humanos. En una investigación conjunta entre CNTD y la OIT publicada en septiembre de 2026, se identificaron más de 14 mil casos donde las trabajadoras domésticas enfrentan situaciones de explotación, incluyendo jornadas excesivas (más allá del límite legal), falta de descanso y presión psicológica.
Muchos de estos casos ocurren en entornos familiares o privados sin supervisión institucional. Las mujeres que acceden a contratos formales suelen estar bajo condiciones especiales: por ejemplo, el pago de una tarifa inicial para