En una serie de operativos realizados en distintos puntos del país, agentes italianos han detenidos a decenas de menores en comisarias tras el uso de un nuevo protocolo de detención preventiva durante protestas. El procedimiento se aplica cuando las autoridades consideran que una persona puede participar posteriormente en disturbios.
El mecanismo fue anunciado oficialmente como parte de la política de seguridad pública liderada por el gobierno de Giorgia Meloni y ha sido denominado por los medios de comunicación como 'delito de sudadera negra'. Este término surge como crítica popular al hecho de que jóvenes sean sometidos a arrestos antes incluso de manifestarse, solo por estar vestidos con prendas comunes o asociados a grupos sociales específicos.
Contexto legal
Según informes del Ministerio de Justicia italiano, el nuevo reglamento establece que las autoridades pueden detener a personas en momentos previos a una protesta si existen indicios razonables sobre su posible participación en disturbios. La medida se basa en la Ley 104/2023, que amplía los poderes policiales para prevenir incidentes durante eventos públicos.
Fallos y críticas
Múltiples organizaciones defensoras de derechos juveniles han expresado preocupación por el uso de esta herramienta con menores. En un comunicado publicado el 8 de noviembre del año pasado, El País informó que al menos 67 adolescentes entre 15 y 19 años fueron detenidos en comisarias en las regiones de Roma, Nápoles y Milán bajo este protocolo.
El Ministerio de Justicia no ha confirmado oficialmente la cantidad exacta de casos ni los detalles específicos sobre cada caso individualizado. Sin embargo, fuentes oficiales indican que todos los detenidos han sido liberados posteriormente sin cargos formales, según lo establecido por el código penal italiano para menores.
Reacciones públicas
Varios líderes políticos opositores han criticado el uso del nuevo mecanismo en jóvenes. En una declaración emitida a través de su página web, el Partido Demócrata Italiano señaló que 'la aplicación de sanciones preventivas contra adolescentes vulnera principios fundamentales de derechos humanos y protección juvenil'.