Los hijos de los españoles nacionalizados por la ley de nietos que vivan en el extranjero podrán votar el 29 de noviembre. El Tribunal Supremo ha rechazado extender a este grupo la suspensión del derecho al sufragio que previó en septiembre para los descendientes de emigrantes y exiliados.
Decisión sobre la suspensión del voto
El tribunal desestima la petición presentada por Iustitia Europa y Vox, que reclamaban aplicar la medida adoptada en septiembre —que suspende el voto a más de 163.000 nacionalizados como descendientes del exilio— también a sus hijos, quienes han adquirido la nacionalidad mediante otro apartado de la Ley de Memoria Democrática (artículo 1.b de la disposición adicional octava).
Según los datos oficiales del Ministerio de Exteriores, hay 189.678 españoles nacionalizados por esta vía incluidos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) al 1 de agosto, fecha que sirve para las elecciones del 29-N.
Razones del rechazo
Los magistrados consideran que el periodo entre ahora y las elecciones es demasiado breve —a una semana del inicio de la campaña electoral— para iniciar un proceso de revisión del censo. El tribunal señala que, en este momento, las Juntas Electorales, la Oficina del Censo Electoral y la Administración consular están ejecutando plenamente las resoluciones dictadas por el Supremo en septiembre y octubre.
En su informe del 28 de octubre, la Oficina del Censo Electoral indicó que aún quedaban 30.482 registros sin identificar para cumplir con la suspensión de inscripción en el CERA. Además, el Tribunal Subraya que todavía está resolviendo recursos interpuestos por partes interesadas.
Límites temporales y viabilidad
El tribunal destaca que extender la suspensión al grupo de los hijos requeriría acciones administrativas como "requerimientos a la Administración para identificar a los afectados" o "emplazamientos a los interesados para su personación", lo cual no sería viable dado el escaso tiempo disponible hasta las elecciones del 29-N.
Aunque se ha reconocido que en caso de cuestionar la inscripción de los progenitores, también debería hacerse con sus hijos —ya que hay 189.678 descendientes frente a los 162.454 nacionalizados directamente—, el tribunal concluye que aceptar esta pretensión podría generar una "perturbación grave de los intereses generales" y vulnera principios de seguridad jurídica y estabilidad electoral.
Contexto legal
En septiembre, el Supremo excluyó del censo a más de 163.000 españoles que adquirieron la nacionalidad bajo el apartado 1.1 de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, que reconoce derechos a hijos y nietos de personas exiliadas por razones políticas o ideológicas. Sin embargo, este criterio no se aplica al grupo de los descendientes que obtuvieron la nacionalidad mediante el artículo 1.b.
Fuentes oficiales
Representantes del Gobierno han expresado satisfacción por la decisión del Supremo en no atender las peticiones de Vox e Iustitia Europa. Aunque destacan que lamentan que el razonamiento presentado no haya sido aplicado también a los casos de nacionalizados cuyo derecho al voto aún está suspendido.
La resolución fue emitida el lunes y cuenta con dos opiniones dentro del tribunal, aunque se mantiene como mayoría la posición de rechazo de ampliar la suspensión del voto.