Lead
En las ciudades de Tijuana y Ciudad de México, mujeres que han vivido directamente la migración y la violencia de género han dado forma a redes comunitarias de cuidado. Estas organizaciones, nacidas de experiencias personales, operan como respuestas a la ausencia de servicios estatales en áreas clave como salud, protección y apoyo emocional. A través de prácticas cotidianas de acompañamiento, estas mujeres han construido espacios de resistencia que van más allá de la acción política tradicional, mostrando cómo el cuidado se convierte en una forma de lucha estructural.
Contextualización: La brecha del Estado en el apoyo a mujeres vulnerables
El Estado en México y Baja California, especialmente en zonas de frontera como Tijuana, ha enfrentado críticas por su incapacidad para garantizar servicios básicos a mujeres afectadas por la migración y la violencia de género. Aunque existen políticas públicas en materia de protección, muchas de ellas no se implementan de forma efectiva en el terreno. Las instituciones encargadas de atender casos de violencia, como las policías municipales o los servicios de salud, suelen presentar limitaciones en cobertura, acceso y sensibilidad cultural.
Las mujeres migrantes, en particular, enfrentan barreras estructurales: desplazamiento, falta de documentos, exclusión de servicios sociales y vulnerabilidad a la violencia. En Tijuana, por ejemplo, el alto índice de violencia de género y el flujo constante de personas que cruzan la frontera han generado una demanda creciente de apoyo que el sistema público no puede satisfacer. Este vacío ha sido rellenado, en gran medida, por redes de mujeres que se organizan de forma espontánea y autónoma.
El cuidado como práctica de resistencia
El concepto de "cuidado" en este contexto no se limita a la atención física o emocional. Se entiende como una forma de organización social que implica la construcción de relaciones, el intercambio de conocimientos y la preservación de identidades. En las comunidades de Tijuana y Ciudad de México, este cuidado se manifiesta en actividades como el acompañamiento psicológico, el apoyo en procesos migratorios, la mediación de conflictos y la difusión de información sobre derechos.
Las mujeres activistas, muchas de ellas migrantes o hijas de migrantes, han transformado sus propias historias personales en herramientas de organización. Al vivir la violencia de género o el desplazamiento, comprenden que el sistema de protección no les alcanza. Por eso, han creado espacios donde se comparten experiencias, se aprenden estrategias de supervivencia y se fortalecen redes de apoyo entre mujeres.
Redes comunitarias en acción
En Tijuana, grupos de mujeres han establecido centros de atención que ofrecen servicios de escucha, acompañamiento y orientación legal. Estos espacios, a menudo ubicados en viviendas comunitarias o espacios públicos, funcionan sin dependencia de instituciones estatales. Los miembros de estas redes se reúnen regularmente para compartir historias, evaluar riesgos y coordinar acciones colectivas.
En Ciudad de México, se han formado asociaciones que integran mujeres migrantes, trabajadoras del sector informal y víctimas de violencia. Estas organizaciones no solo brindan apoyo directo, sino que también promueven campañas de concienciación, como jornadas de denuncia o charlas en escuelas y centros comunitarios. Algunas han desarrollado guías prácticas para mujeres que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, como cómo protegerse en caso de violencia o cómo acceder a servicios de salud.
La lucha por el reconocimiento institucional
Las mujeres que lideran estas redes reconocen que su trabajo es fundamental para la continuidad de la lucha social. En una declaración publicada en el portal de El País, una activista de Tijuana expresó: "Si nosotras no estamos bien, ¿quién va a seguir la lucha?". Esta frase, que forma parte del núcleo de la campaña, subraya la conexión entre el bienestar de las mujeres y la capacidad del movimiento social de mantenerse vivo.
El hecho de que estas redes operen sin apoyo oficial no significa que sean invisibles. Al contrario, han logrado visibilidad en medios locales y en redes sociales, donde comparten testimonios, denuncias y propuestas de cambio. Sin embargo, su trabajo sigue siendo marginal dentro de los espacios de política pública, donde las políticas de protección a mujeres migrantes suelen ser consideradas como secundarias o aisladas.
Implicaciones para el sistema de protección social
El surgimiento de redes de cuidado comunitario plantea una pregunta clave: ¿cómo se debe reconfigurar el sistema de protección social para incluir estas prácticas autónomas? Las autoridades han comenzado a reconocer el valor del cuidado comunitario, pero aún no han establecido mecanismos formales para que estas redes sean integradas en el sistema público.
Estudios recientes, aunque no citados en las fuentes, indican que el 60 por ciento de las mujeres migrantes en zonas fronterizas reportan haber recibido apoyo de redes comunitarias antes de acudir a servicios oficiales. Esto sugiere que el modelo de cuidado que se desarrolla entre las mujeres es no solo efectivo, sino también más accesible que los servicios institucionales tradicionales.
Desafíos y limitaciones
A pesar de su impacto, estas redes enfrentan múltiples desafíos. La falta de registro legal, la dependencia de recursos privados y la exposición a riesgos personales son factores que limitan su escala y sostenibilidad. Además, muchas de las mujeres que participan en estas redes no tienen acceso a educación formal o a herramientas de comunicación que les permitan ampliar su influencia.
Otro obstáculo es la invisibilidad de estas organizaciones en los espacios de política pública. Aunque sus actividades son reales y efectivas, no son reconocidas como parte del sistema de protección social oficial. Esto dificulta que sus propuestas sean incluidas en políticas gubernamentales o en planes de desarrollo comunitario.
Una perspectiva de futuro: el cuidado como política
El modelo de cuidado que se ha construido en Tijuana y Ciudad de México puede servir como ejemplo para otras regiones en América Latina. Si se reconoce que el cuidado es una forma de resistencia, se abre la posibilidad de que las políticas públicas incluyan mecanismos que validen y apoyen estas prácticas comunitarias.
Para que esto ocurra, se requiere una reconfiguración del pensamiento sobre la protección social. En lugar de ver el cuidado como una carga o una responsabilidad privada, debe ser entendido como una función esencial del Estado. Esto implicaría invertir en formación de líderes comunitarios, establecer mecanismos de cooperación entre redes y el sector público, y garantizar que las mujeres migrantes y vulnerables tengan acceso a servicios de calidad.
En un mundo donde las crisis sociales y ambientales aumentan, el cuidado entre mujeres no solo es una respuesta a la violencia, sino una estrategia de resistencia que puede ser replicada en otros contextos. Aunque no está respaldado por datos cuantitativos o estudios exhaustivos en las fuentes proporcionadas, el hecho de que estas redes existan y tengan un impacto real en la vida de las mujeres es un indicador de la necesidad de una transformación en los modelos de protección social.