Madrid, 17 noviembre 2026 — Una madre plantea una consulta sobre la legalidad de una subida del 15% en el alquiler de un piso compartido por cuatro estudiantes en Madrid, donde las compañeras pagan actualmente 2.254 euros mensuales, frente a los 1.960 del año anterior.
La pregunta fue enviada al consultorio de vivienda de El País en colaboración con Legálitas. La usuaria, S. Viñas, explica que su hija estudia en la Comunidad de Madrid y vive en un piso de cuatro habitaciones junto a tres compañeras universitarias. El propietario exige que el contrato se formalice durante 11 meses — aunque solo estén presentes por 10— y ha aumentado la renta en un 15% para renovar el acuerdo.
Contrato temporal: ¿qué establece la ley?
Según El País, la naturaleza del contrato es clave para evaluar si la subida es legal. La nueva regulación, introducida con el Real Decreto-ley 29/2026, define los arrendamientos temporales como aquellos cuya causa sea justificada, como estudios universitarios, y que tengan una duración libremente pactada por las partes — generalmente no superior a doce meses.
En este caso, aunque solo se ocupará durante diez meses, el propietario exige un contrato de once. El análisis jurídico indica que esta exigencia no sería automáticamente ilegal, siempre que haya sido acordada libremente entre las partes.
Límites al incremento de renta
El aumento del 15% en la renta es objeto de evaluación más específica. La normativa establece límites máximos para los aumentos entre contratos temporales sucesivos sobre una misma vivienda: estos no podrán superar el porcentaje fijado por el Instituto de Regulación y Arrendamientos Vivienda (IRAV).
No obstante, esta limitación solo se aplica si existen condiciones específicas — como que los contratos sean consecutivos o que se sigan uno tras otro. En este caso, parece que los contratos no son sucesivos ni formalizados en secuencia continua.
¿Qué pasa si hay múltiples contratos?
Cuando se celebran más de dos arrendamientos temporales consecutivos entre las mismas partes sobre la misma vivienda, o cuando el plazo excede injustificadamente los doce meses establecidos, el contrato queda sometido al régimen jurídico del arriendo de vivienda habitual, con todas las garantías y derechos previstos por la Ley de Arrendamientos Urbanos.
En este caso, no se evidencia que exista una sucesión continua ni un uso prolongado de la vivienda. Por tanto, el escenario descrito podría seguir bajo el marco de arrendamiento temporal, sin aplicarse automáticamente el régimen más protegido para viviendas habituales.
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