El Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) está a punto de entregar su sentencia en un caso de siete años presentado por Gambia contra Myanmar acerca de acusaciones de genocidio dirigido al pueblo rohingya en el estado de Rakhine.
Antecedentes: Un caso sin precedente
Desde que se adoptó la Convención de 1948 sobre el Genocidio tras la Segunda Guerra Mundial, decenas de personas han sido procesadas por actos de genocidio—como los cometidos durante conflictos en Ruanda y Bosnia. Sin embargo, nunca ha habido un Estado encontrado culpable ante un tribunal internacional por haber cometido genocidio.
Este caso representa una importante ruptura con lo establecido anteriormente. En noviembre de 2019, Gambia presentó una denuncia ante el TIJ argumentando que todos los Estados están sujetos a la Convención del Genocidio, otorgándole legitimidad jurídica para cuestionar las acciones de Myanmar —aunque Myanmar no esté directamente afectado por las supuestas violaciones.
Eventos en el estado de Rakhine: Un patrón de violencia
En agosto y septiembre de 2017, cientos de miles de rohingya huyeron hacia Bangladesh tras ataques coordinados contra aldeas en el estado de Rakhine. Varios organismos de derechos humanos y una misión de investigación del Consejo de la ONU han documentado violencias sistemáticas—incluidas masacres masivas, torturas, rape y incendios—por parte de las fuerzas militares burmas.
La BBC informa que estos hechos fueron descritos como "una operación militar de brutalidad excepcional". El informe del Organización de las Naciones Unidas de 2018 encontró que las tácticas de Myanmar durante este período eran "gravemente desproporcionadas frente a amenazas reales de seguridad" y recomendó investigar a altos funcionarios militares por posibles crímenes contra la humanidad y genocidio.
Posición de Myanmar: Negación y defensa
Las autoridades de Myanmar han negado consistentemente acusaciones de limpieza étnica o genocidio. Afirman que sus acciones en el estado de Rakhine fueron respuestas a ataques de milicianos rohingya, los cuales denominan "operaciones de eliminación" dirigidas al restablecimiento del orden.
El gobierno ha rechazado las conclusiones de las Naciones Unidas y mantiene que no tenía la intención de eliminar completamente la población rohingya. El caso fue presentado bajo derecho internacional porque Myanmar no es signatario de la Corte Internacional de Justicia (ICC), lo cual sería otro escenario para tales procesos.
El papel de Aung San Suu Kyi y su crítica
En 2-than, la laureada en el Premio Nobel Aung San Suu Kyi dirigió personalmente la defensa legal de las acciones de Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, actuación que generó amplia crítica. A pesar de tener poca influencia sobre las operaciones militares en el estado de Rakhine, su negativa a condenar esas acciones desagradó a muchos que antes la admiraban como símbolo de resistencia democrática.
Desde que fue depuesta por un golpe de Estado en 2021 y colocada bajo arresto, el caso ha sido defendido por nuevos funcionarios designados por el régimen militar.
El umbral jurídico: demostrar intención genocida
Según el derecho internacional, probar un genocidio exige más que simples actos de violencia; se requiere evidencia de que los agentes estatales actuaron con intención genocida. La Corte Internacional de Justicia aplica una barrera alta: los jueces exigen que solo sea razonable inferir desde los hechos disponibles que el gobierno tenía la intención de eliminar, en su totalidad o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
En el caso de Bosnia-Herzegovina contra Serbia en 1993, tardó dieciséis años para que la corte concluyera que si bien algunos incidentes—como el asalto a Srebrenica—constituyen genocidio, no había pruebas suficientes de que el Estado serbio tuviera intención genocida.
El equipo legal de Myanmar, liderado por el abogado Arsalan Sule- man, argumenta que décadas de discriminación sistémica—incluida la ley de ciudadanía de 1982 y las políticas posteriores que restringen el acceso a la educación, salud, medios de subsistencia y viajes—forman un patrón más amplio que indica una intención genocida. Estas medidas, afirman ellos, crearon un entorno en el cual la violencia podría justificarse como "operaciones de limpieza" con objetivos efectivos de eliminación.
Las consecuencias: ¿Qué ocurrirá si Gambia gana?
Si la Corte Internacional de Justicia decide a favor de Gambia, Myanmar enfrentaría condena internacional por haber cometido genocidio bajo la Convención contra el Genocidio. Tal decisión representaría uno de los acontecimientos jurídicos más significativos de la historia moderna—posiblemente estableciendo un precedente que los Estados pueden ser sostenidos como responsables incluso cuando no han sido directamente afectados por las atrocidades.
No embargo, aún no se ha emitido una sentencia definitiva. La decisión del tribunal dependerá de si el peso de la evidencia, incluyendo el contexto histórico y las políticas estatales, es suficiente para establecer una intención genocida más allá de toda duda razonable.
El caso sigue siendo legalmente complejo, ya que ambas partes presentan argumentos basados en registros factuales e interpretaciones jurídicas. Hasta ahora, no existe un juicio oficial por parte de la Corte Internacional de Justicia sobre este asunto.