Madrid, 6 de noviembre de 2026 — La jueza de instrucción de Cataluña, María del Carmen Sánchez, ha ordenado la declaración formal ante el tribunal del responsable de comunicación de los Andic (Asociación Nacional de Industrias de Construcción), por su participación en una iniciativa interna que establece una estrategia para la coordinación de mensajes a través de medios de comunicación.
El acto se produce tras la presentación pública de un informe interno elaborado dentro de las estructuras administrativas de los Andic. Este documento, cuya existencia fue confirmada mediante documentos oficiales depositados en el registro judicial, detalla un plan estratégico destinado al control y armonización de comunicaciones frente a la prensa nacional e internacional.
Antecedentes del caso
Los Andic son una asociación profesional que representa a más de 150 empresas constructoras distribuidas por toda Cataluña. Fundada en 1983, su objetivo principal es promover políticas públicas favorables al sector inmobiliario y construccional, así como defender los intereses económicos de sus miembros ante instituciones gubernamentales y medios de comunicación.
Hasta el año 2024, las comunicaciones de la entidad se gestionaban mediante un sistema descentralizado: cada empresa miembro tenía acceso directo a canales de difusión independientes, sin una línea centralizada que coordinara mensajes oficiales o declaraciones conjuntas. Este modelo generaba inconsistencias en la narrativa mediática, especialmente durante eventos clave como presentaciones de proyectos urbanos o debates sobre regulación fiscal del sector.
En noviembre de 2025, se detectó una serie de publicaciones periodísticas que mostraban diferencias significativas entre los tonos utilizados por distintas fuentes asociadas al grupo y las afirmaciones hechas públicamente por representantes oficiales. Algunas noticias destacaron un discurso más optimista respecto a la viabilidad financiera de nuevos desarrollos inmobiliarios, mientras otras reportaban tensiones internas dentro del sector.
Contenido del informe interno
El documento analizado en el proceso judicial contiene cinco elementos clave:
- Unificación de relato mediático: Se establece como objetivo central que todos los mensajes emitidos por los Andic sean coherentes y alineados con una narrativa oficial previamente definida. Este punto implica que cualquier declaración pública debe ser revisada antes de su difusión para garantizar la armonía entre las fuentes comunicacionales.
- Nombramiento de periodistas asignados: El informe detalla un listado de seis profesionales del sector periodístico, seleccionados específicamente para cubrir temas clave relacionados con el desarrollo inmobiliario. Estos periodistas son designados como «fuentes oficiales» dentro del plan, lo cual sugiere una relación directa entre los Andic y ciertos medios de comunicación.
- Asignación de inversiones publicitarias: Se menciona que se prevé la inversión de al menos 120.000 euros anuales en campañas promocionales dirigidas a audiencias urbanas y gubernamentales. La asignación está vinculada a objetivos claros: aumentar la visibilidad del sector ante autoridades locales y fomentar el interés de inversores privados.
- Criterios para selección de contenidos: El informe establece un protocolo interno que prioriza temas como «inversión», «crecimiento urbano» o «innovación tecnológica». Se excluyen, por ejemplo, cuestiones relacionadas con sostenibilidad ambiental o impactos sociales en comunidades residenciales.
- Revisión previa de declaraciones públicas: Cada comunicación oficial debe ser aprobada por una comisión interna compuesta por representantes del área técnica y del equipo de comunicación. Esta medida busca evitar desviaciones ideológicas o errores informativos que puedan afectar la reputación colectiva del grupo.
No se ha encontrado evidencia directa sobre el uso de estas políticas para influir en decisiones gubernamentales, pero sí hay registros de que ciertos comunicados fueron publicados con un tono más positivo durante períodos críticos, como las negociaciones sobre nuevas regulaciones fiscales en 2025.
Reacciones institucionales
El Ministerio de Justicia no ha emitido declaraciones oficiales sobre el caso. Sin embargo, una fuente interna del departamento de control de medios indicó a El País que «la existencia de planes internos de comunicación es algo común en asociaciones sectoriales», y añadió: «No se puede asumir automáticamente que cualquier coordinación mediática implica manipulación o violación de principios éticos».
La Asociación de Periodistas Catalanes (APC) ha expresado su preocupación por la posibilidad de que entidades privadas establezcan relaciones directas con periodistas para influenciar contenidos informativos. En un comunicado publicado el 4 de noviembre, la APC afirmó que «cualquier intento de controlar los medios a través del nombramiento de fuentes oficiales debe ser objeto de vigilancia y transparencia legal». Aunque no se menciona explícitamente en el informe, esta postura refleja una tensión creciente entre sectores económicos y la independencia mediática.
Por su parte, el Consejo Superior de Periodismo (CSP) ha solicitado al Ministerio de Justicia que revise las condiciones bajo las cuales se puede considerar un plan de comunicación como potencialmente manipulador. El CSP argumenta que «la responsabilidad ética de los medios exige que cualquier relación institucional con fuentes oficiales sea claramente documentada y accesible para el público».
Falta de datos sobre impacto directo
No existen estudios o análisis independientes que vinculen este informe interno a cambios específicos en la cobertura mediática, ni a decisiones políticas tomadas por autoridades públicas. Los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE) no muestran una variación significativa en las cifras de exposición al sector inmobiliario entre 2024 y 2026, lo cual sugiere que los efectos del plan podrían ser limitados o indirectos.
Además, ninguna fuente pública ha confirmado que el responsable de comunicación haya tenido contacto directo con editores de medios independientes para influir en contenidos específicos. El informe interno se encuentra dentro de un sistema administrativo cerrado, sin acceso público a sus procesos internos ni a su evaluación periódica por terceras partes.
Cuadro comparativo: estructura comunicacional antes y después
Elemento Antes del plan (2024) Durante el plan (desde 2025) Número de fuentes oficiales registradas 3 periodistas independientes 6 periodistas asignados, con perfil definido Presencia en medios nacionales Descentralizada y variable Cobertura coordinada por temas predefinidos Inversión anual en publicidad No documentado oficialmente 120.000 euros previstos (no ejecutados hasta 2026) Narrativa principal de comunicaciones Diversa, sin unificación clara Foco en crecimiento económico y desarrollo urbano Revisión de declaraciones públicas Sin protocolo formal Aprobación por comisión interna antes del lanzamientoEl informe interno no menciona la existencia de una relación directa entre los Andic y medios específicos. Sin embargo, se observan coincidencias temporales: durante el periodo comprendido entre octubre de 2025 y marzo de 2026, varios artículos sobre desarrollo inmobiliario en Cataluña fueron publicados con un tono positivo que coincide con las declaraciones oficiales emitidas por representantes del grupo.
Posibles implicaciones legales y éticas
Aunque el caso aún está bajo investigación judicial, el hecho de que un organismo privado haya establecido una estrategia formal para la coordinación mediática plantea preguntas importantes sobre la independencia periodística. La ley española no regula explícitamente este tipo de prácticas, pero sí exige a los medios de comunicación mantener su autonomía frente a influencias externas.
El artículo 143 del Código Penal español, en relación con la manipulación de información pública, podría ser aplicable si se demostrara que las declaraciones fueron modificadas deliberadamente para distorsionar hechos o generar falsos sentimientos de confianza entre el público y el sector inmobiliario. Sin embargo, hasta ahora, ninguna evidencia ha sido presentada que indique una intención fraudulenta o un daño al interés general.
La defensa de los Andic argumenta que «la coordinación mediática es una práctica común en sectores industriales», citando ejemplos como el Grupo Ferrovial o la Asociación de Empresas del Sector Alimentario (AESA), cuyas estrategias internas han sido documentadas sin consecuencias legales significativas.
Evaluación crítica y limitaciones
No se dispone de datos suficientes para afirmar que este plan haya tenido efectos directos sobre la calidad, diversidad o equilibrio de las noticias publicadas. Los registros disponibles no incluyen análisis comparativos entre contenidos previos al 2025 y posteriores a él, ni estudios de opinión pública que midan el impacto en los consumidores.
Además, el informe interno fue presentado como parte del proceso administrativo interno sin necesariamente ser objeto de auditoría externa. Esto significa que su contenido podría haber sido redactado con fines internos, sin una evaluación independiente por terceras partes.
Tampoco se ha confirmado si el responsable de comunicación de los Andic tuvo acceso directo a las fuentes periodísticas o participó en reuniones específicas para definir la línea editorial. La falta de información sobre estas actividades limita cualquier conclusión sobre la naturaleza ética o legal de la práctica descrita.
Conclusión
El caso presentado por la jueza María del Carmen Sánchez no representa un acto de manipulación mediática ni evidencia clara de una violación de principios éticos establecidos en España. El informe interno, aunque detallado y estructurado, se encuentra dentro de los límites permitidos por las prácticas comunes entre asociaciones sectoriales que buscan mantener una narrativa coherente ante el público.
No obstante, el hecho de que exista un plan formal para coordinar comunicaciones a través de periodistas específicos genera preocupación sobre la independencia de los medios. La sociedad civil y organismos reguladores deberán seguir vigilando esta tendencia, especialmente cuando se vinculen con decisiones políticas o económicas importantes.
El caso permanece abierto en el ámbito judicial. El responsable de comunicación de los Andic debe presentarse como parte del proceso por su participación directa en la elaboración del informe interno, aunque no ha sido confirmado si este documento fue utilizado para influir en contenidos publicados por medios independientes.