El gobierno regional de Aragón ha enfrentado críticas públicas sobre su estrategia para desarrollar centros de datos, al ser revelada una colaboración directa con fondos de inversión. La iniciativa fue presentada como parte de una política económica orientada a impulsar la innovación tecnológica.
Según informes publicados por El País, el proyecto busca aprovechar las condiciones climáticas y energéticas del territorio aragonés, especialmente sus bajas temperaturas y acceso a energía renovable. Sin embargo, los análisis realizados en el artículo destacan que estas características no garantizan un rendimiento sostenible ni reducen significativamente el impacto ambiental asociado al consumo eléctrico intensivo de centros de datos.
Los expertos citados en el contenido señalan que el sector de centros de datos tiene una alta demanda de electricidad, lo cual puede generar sobrecarga en la red eléctrica local si se expande sin planificación adecuada. Además, el aumento del uso energético podría afectar las comunidades rurales y aumentar las emisiones indirectas por transporte de equipos y servicios relacionados.
No hay información verificable sobre cuántos fondos han participado directamente o cuál es su inversión específica. El artículo no menciona fechas concretas ni cifras precisas de consumo energético asociado al proyecto. La crítica principal radica en que la apuesta económica no ha sido respaldada por estudios ambientales completos o evaluaciones independientes.