El gobierno de Sud Australia ha solicitado oficialmente asesoría legal sobre una propuesta que permitiría a sus homólogos presentar acciones judiciales contra empresas dominantes de tabaco por miles de millones en costos de salud pública.
Antecedentes: Fundamento Legal
Neil Francey, exabogado que ayudó a establecer mediante acción judicial que el humo segundo causa enfermedades pulmonares en no fumadores, desarrolló dicha propuesta. En 1-91, representó a consumidores en un caso federal desencadenado por un anuncio del Instituto de Tabacos de Australia que afirmaba que no existía prueba científica de que el humo de cigarrillos causara enfermedad en personas que no fuman. El tribunal declaró esta afirmación ilegal, afirmando que el tabaquismo pasivo provoca condiciones respiratorias—lo cual generó prohibiciones ampliadas al interior de los espacios cerrados.
La Propuesta
El plan actual de Francey argumenta que los gobiernos estatales podrían iniciar acciones judiciales bajo las leyes australianas de protección del consumidor contra empresas de tabaco por décadas de conductas engañosas y engañosas. Se dirige específicamente a British American Tobacco (BAT), Philip Morris, Imperial Brands —incluyendo sus corporaciones padres extranjeras— y busca indemnización por costos sanitarios desde el año 2000, cuando documentos internos revelaron conocimiento sobre los daños causados por fumar pero se intentó ocultar dicha información.
De acuerdo con la propuesta, seis estados australianos formarían un grupo jurídico conjunto para concentrar recursos y perseguir acciones en tribunales federales. El objetivo es recuperar gastos públicos de atención hospitalaria y programas de detección del cáncer, así como financiar medidas preventivas.
Inclusiónes Críticas
El plan excluye el Territorio del Norte y el Territorio de Capital Australiano porque forman parte de la estructura del gobierno federal y tienen arreglos de financiación diferentes que podrían complicar las demandas compartidas de responsabilidad.
Respuestas gubernamentales
La ministra de Salud de Sud Australia, Blair Boyer, dijo que existe un "interés público sustancial" en reducir los daños derivados del tabaco a comunidades y sistemas de salud. Destacó la necesidad de realizar una evaluación cuidadosa antes de avanzar con cualquier acción.
Un portavoz del ministro de Salud de Nueva Gales del Sur, Ryan Park, afirmó: 'Revisaremos su propuesta con atención. ' El ministro de Salud de Queensland, Tim Nicholls, confirmó haber reunido con Francey pero señaló que las prioridades actuales se centran en la regulación del comercio ilegal de tabaco y vaporizadores. La ministra de Salud de Occidente Australiana, Meredith Hammat, indicó que los esfuerzos actuales se enfocan en fortalecer las legislaciones existentes sobre el tabaco y las actividades de aplicación.
Perspectivas críticas
Laura Hunter de Australian Council on Smoking & Health dijo que es completamente razonable que las empresas de tabaco asuman responsabilidad por los daños causados por sus productos, cuya comercialización ha sido presentada como adictiva y vinculada a enfermedades graves y la muerte.
Becky Freeman, profesora en la Universidad de Sydney especializada en el control del tabaco, apoya la responsabilidad de la industria pero advierte contra acciones sin una base legal integral: "Quisiera asegurarme de que cualquier acción fuera amplia"; advertiendo sobre posibles costos crecientes o resultados ineficaces si no estuvieran adecuadamente estructuradas. Señaló que el caso canadiense de 2025, que involucra a grandes empresas del tabaco, generó miles de millones pagados, aunque grupos de salud expresaron decepción por su falta de abordaje de los daños futuros asociados al uso continuo del producto.
Literatura y precedentes
La propuesta se basa en precedentes internacionales como el Acuerdo de Resolución Maestro de Estados Unidos (1998), que resolvió decenas de demandas entre autoridades estatales y principales compañías del tabaco para la recuperación de costos sanitarios. En Canadá, tres empresas líderes del sector fueron ordenadas a pagar miles de millones en compensaciones por enfermedades relacionadas con fumar—but críticos dicen que no cubrió adecuadamente los riesgos a largo plazo o futuros asociados al uso continuo del producto.
Francey indicó que una cifra cercana a 50 mil millones de dólares—posiblemente mayor—se justifica basándose en evidencia histórica y gastos de salud pública desde el año 2000. El plan se fundamenta en leyes de consumidores en lugar de demandas por daños personales, evitando problemas derivados de probar la causalidad específica de marcas o daño individual debido a la argumentación de la industria sobre "la libertad de elección".
Límites y incertidumbres
No se ha recibido respuesta oficial de Philip Morris ni de Imperial Brands sobre posibles acciones legales. British American Tobacco (BAT) Australia rechazó comentarios respecto a las acciones jurídicas pendientes. Aunque la propuesta se basa en sentencias y leyes existentes, su éxito depende aún de la interpretación judicial, la coordinación a nivel estatal y si los tribunales aceptan la responsabilidad por una engañosa práctica sistémica prolongada bajo la legislación actual.