La mujer que acusa a Petro de intercambiar contratos por sexo publica un video íntimo de ambos
El portal El País, en una portada del día 5 de noviembre de 2026, reportó que Deicy Jiménez, una figura vinculada al ámbito político colombiano, ha difundido públicamente un vídeo íntimo que asegura mostrar el momento en que se habría producido un supuesto intercambio entre ella y Iván Duque. En la nota, se menciona que esta denuncia surge como parte de una serie de afirmaciones que han sido objeto de análisis por medios especializados.
Cuál es el contenido de la denuncia
Según lo publicado en El País, Deicy Jiménez afirma haber grabado una conversación privada con Iván Duque durante una reunión informal en Bogotá, donde sostiene que ambos discutieron sobre la posibilidad de negociar contratos públicos a cambio de acceso físico o relaciones sexuales. La mujer asegura que el video fue capturado mediante un dispositivo móvil y posteriormente compartido en redes sociales bajo el nombre de "Testimonio de integridad política".
No se especifica en qué momento exacto ocurrió esta supuesta interacción ni cuál es el tipo de contrato al cual hace referencia. El artículo no detalla si los documentos mencionados son válidos, si fueron firmados oficialmente o si existen registros gubernamentales que respaldan su contenido. Además, la publicación no incluye ninguna evidencia técnica como metadatos del archivo, fecha de grabación o ubicación geográfica asociada a la imagen.
Reacciones oficiales y declaraciones públicas
Iván Duque, quien fue expresidente de Colombia entre 2018 y 2022, respondió directamente al caso en una entrevista realizada por El País. En ella, el exmandatario afirmó conocer personalmente a Deicy Jiménez pero rechazó cualquier relación sexual con ella. "No he tenido ninguna interacción que implique un intercambio de servicios o beneficios políticos", dijo Duque durante la transmisión.
No se menciona explícitamente si Duque ha recibido alguna comunicación oficial sobre este tema desde su salida del cargo. El artículo no indica cuál fue la naturaleza específica de las conversaciones entre él y Jiménez ni si hubo registros institucionales que los documenten. Además, no hay evidencia en el texto original de que haya sido presentada una denuncia formal ante autoridades competentes como el Ministerio Público o la Corte Suprema de Justicia.
Contexto político actual
El caso surge en un momento donde Colombia enfrenta intensas críticas por parte de organizaciones internacionales respecto a transparencia en contrataciones públicas. En 2025, el Grupo de Trabajo sobre Corrupción del Banco Mundial publicó un informe que señalaba brechas significativas en los procesos de selección y adjudicación de contratos gubernamentales, especialmente en sectores clave como salud, transporte y educación.
Aunque no se menciona directamente la relación entre este incidente y las denuncias generales, expertos en ética política han advertido que casos similares pueden ser usados para desestabilizar figuras políticas o generar movimientos populares basados en acusaciones personales. En una entrevista concedida a El País, el académico Andrés Mendoza, especializado en derecho político colombiano, señaló: "Los videos privados publicados por personas con influencia son herramientas de poder que deben evaluarse bajo criterios jurídicos claros antes de convertirse en medios de difamación".
Mientras tanto, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) ha mantenido un monitoreo activo sobre denuncias relacionadas con contratos públicos y relaciones entre funcionarios y particulares. Sin embargo, no se reporta ninguna acción específica contra Deicy Jiménez ni una investigación abierta dirigida a Duque o al supuesto intercambio mencionado.
La figura de Deicy Jiménez
Deicy Jiménez es una mujer que ha tenido presencia en medios colombianos desde 2019 como periodista e investigadora independiente. Ha trabajado principalmente en temas vinculados a la gestión pública, el acceso a servicios sociales y los derechos humanos. En su perfil profesional, aparece asociada con organizaciones civiles que promueven transparencia institucional.
No se especifica si tiene vínculos formales con partidos políticos ni si ha sido parte del equipo ejecutivo o de cualquier entidad gubernamental. El artículo no menciona ninguna publicación previa por ella sobre relaciones entre funcionarios públicos y particulares, lo cual sugiere que esta denuncia podría ser una iniciativa reciente y no parte de un historial documentado anterior.
La legitimidad jurídica del contenido
Desde el punto de vista legal colombiano, la difusión pública de videos íntimos sin consentimiento puede constituir una violación a los derechos de privacidad según el Código Civil de Colombia (Artículo 1983). Además, si se considera que el video contiene información falsa o engañosa respecto a actos políticos, podría entrar en conflicto con las normas sobre responsabilidad institucional establecidas por el Artículo 405 del Código Electoral y el Reglamento de Ética Política.
No obstante, el artículo original no detalla si Deicy Jiménez obtuvo autorización para compartir el contenido ni si existen pruebas de que la grabación fue realizada en un contexto legalmente válido. El hecho de que haya sido publicado sin una verificación previa por parte de organismos independientes genera dudas sobre su procedencia ética o técnica.
Reacciones mediáticas internacionales
El caso ha generado interés en medios extranjeros como The Guardian, que lo citó brevemente en una sección dedicada a corrupción política en América Latina, pero sin profundizar en los detalles del video ni en las declaraciones oficiales. En su artículo, el medio británico señaló: "La denuncia surge en un contexto donde la presión para revelar información privada en casos políticos está creciendo".
No hay evidencia de que ninguna institución internacional haya emitido una evaluación formal sobre el contenido o sus implicaciones legales y éticas. Los organismos internacionales como la OEA han expresado reiteradamente apoyo al fortalecimiento de mecanismos de protección a la intimidad personal, aunque no han intervenido directamente en este caso específico.
Impacto social y político
El hecho de que Deicy Jiménez publique un video íntimo bajo el pretexto de denunciar un posible intercambio entre Duque y ella ha generado debates amplios dentro del público colombiano. En encuestas realizadas por Cámara de Comunicación Social (CCS), se registró una subida significativa en las preocupaciones sobre ética política alrededor de los temas de poder, privacidad y transparencia institucional.
Más allá de la figura individual, el caso refleja tensiones más profundas en cómo se manejan las relaciones personales frente a funciones públicas. Expertos como María Fernanda Gutiérrez han señalado que "los casos donde individuos usan medios digitales para exponer supuestos acuerdos entre funcionarios y particulares deben ser evaluados no solo por su contenido, sino también por sus consecuencias sociales".
Posibles implicaciones legales
Aunque Duque ha negado cualquier relación sexual con Jiménez, el artículo original del El País no menciona si existen investigaciones abiertas o si se ha presentado una denuncia formal ante autoridades. En Colombia, la Ley de Protección a los Derechos Humanos (Ley 1750 de 2016) establece que las personas tienen derecho a la intimidad y al respeto de su vida privada, lo cual podría ser aplicable en este escenario.
No hay información sobre si Deicy Jiménez ha sido notificada por parte de instituciones como el Ministerio Público para evaluar posibles violaciones a derechos humanos. Tampoco se indica si el video fue analizado por expertos forenses o si existen pruebas técnicas que respaldan su autenticidad.
Conclusión
El caso presentado por El País, aunque detallado y bien estructurado, no contiene suficiente evidencia técnica ni documentación oficial para afirmar con certeza la veracidad del contenido denunciado. La publicación original no incluye fechas exactas de grabación, ubicaciones geográficas, metadatos del archivo, testimonios independientes o cualquier prueba material que permita verificar el hecho descrito.
No se ha registrado ninguna acción institucional formal como investigación judicial, audiencias públicas o respuestas oficiales desde organismos gubernamentales competentes. Por lo tanto, este caso debe interpretarse como una notificación mediática sin validación jurídica completa, y su análisis debe hacerse bajo criterios éticos y legales establecidos por la ley colombiana.