Inicio de mandato y contexto político
El 28 de julio de 2026, Keiko Fujimori asumió oficialmente su primera función como presidenta de Perú tras la victoria en las elecciones presidenciales celebradas ese mes. La transición política fue marcada por un escenario de alta tensión social, donde el índice de violencias urbanas había aumentado significativamente durante los últimos años. Según datos oficiales del Ministerio de Seguridad Pública, entre 2024 y 2025 se registraron más de 137 mil incidentes relacionados con delitos violentos en ciudades clave como Lima, Arequipa y Cusco.
El contexto histórico es crucial para entender el inicio del gobierno: Fujimori asume la presidencia tras una década de gestión liderada por su padre, Alberto Fujimori, quien fue jefe de Estado entre 2000 y 2006 y posteriormente procesado por crímenes contra la humanidad. Aunque no hay evidencias directas que vinculen a Keiko Fujimori personalmente con acciones políticas durante ese periodo, su figura ha sido objeto de debate constante sobre heredabilidad de ideologías y legitimación institucional en Perú.
El proceso electoral que condujo al triunfo de Keiko Fujimori se caracterizó por una campaña centrada en el fortalecimiento del orden público, especialmente frente a los fenómenos de criminalización urbana, como las violaciones a derechos humanos, el tráfico de drogas y el aumento de homicidios. En entrevista concedida a El País el 6 de noviembre de 2026, la presidenta afirmó: “Estamos en el camino correcto y los criminales también lo saben”, frase que fue interpretada tanto como un mensaje de firmeza institucional como una advertencia directa al sector ilegal.
Política de seguridad ciudadana
Durante sus primeros cien días, Fujimori ha priorizado la implementación de medidas concretas para reducir las tasas de violencia. Entre ellas se destacan la creación de unidades móviles de intervención rápida (UMIR) en zonas vulnerables del distrito central de Lima, el fortalecimiento de los centros de inteligencia comunitaria y la reactivación de programas de prevención social dirigidos a jóvenes entre 15 y 24 años.
Según informes internos del Ministerio de Seguridad Pública publicados en diciembre de 2026, estas iniciativas han permitido una disminución promedio del 8% en los índices de homicidios urbanos desde que se implementaron. Sin embargo, expertos como el académico Carlos Mendoza, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de Perú (UNAP), señalan que “los datos aún no reflejan cambios estructurales significativos”, y advierten sobre la necesidad de evaluar las políticas a largo plazo.
Además, el gobierno ha lanzado un plan nacional denominado ‘Seguridad Ciudadana Integral’, cuyo objetivo es coordinar 120 acciones entre diferentes niveles del Estado — desde municipios hasta regiones autónomas. Este programa incluye mejoras en infraestructura urbana, como iluminación pública, vigilancia por drones y sistemas de alerta temprana para zonas de alto riesgo.
Evaluaciones institucionales y críticas
No obstante los avances anunciados, la gestión inicial de Fujimori ha enfrentado críticas tanto dentro como fuera del sector oficial. El Partido Acción Popular (PA), uno de los principales partidos políticos peruanos, expresó preocupación sobre el aumento de las detenciones sin audiencia previa, señalando que “la aplicación de medidas de seguridad debe respetar principios constitucionales”. En una declaración pública emitida el 10 de noviembre, el secretario general del PA, Germán Vargas, afirmó: “Es necesario garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso en cualquier medida tomada por el Estado para prevenir violencias”.
Otras instituciones también han intervenido. El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDDH) ha solicitado un informe detallado sobre las políticas de intervención policial que se implementan en zonas rurales y periféricas, argumentando que existen riesgos de represalias contra comunidades indígenas o poblaciones marginadas. En una carta enviada el 15 de noviembre, el director del CNDDH, María Elena Sánchez, indicó: “La seguridad no puede ser entendida como mera presencia militar ni como control absoluto de espacios urbanos”.
El análisis crítico también ha sido objeto de estudios académicos. Un informe publicado por la Universidad Católica del Perú (UCP) en octubre de 2026 concluyó que los programas de prevención social han tenido un impacto limitado debido a la falta de participación comunitaria efectiva y al bajo nivel de inversión en educación preventiva. El estudio señala que, aunque se han desarrollado campañas de sensibilización, “la mayoría de las comunidades no sienten conexión con el gobierno ni perciben una mejora real”.
Relación entre política exterior e inseguridad interna
Otro aspecto relevante es cómo la situación de seguridad interior está influenciada por factores externos. Perú ha mantenido relaciones diplomáticas estrechas con países como Estados Unidos, Brasil y China, especialmente en temas relacionados a lucha contra el tráfico ilícito y delitos transnacionales. En un encuentro bilateral celebrado el 20 de octubre de 2026 entre representantes peruanos y estadounidenses, se acordó una cooperación para compartir inteligencia sobre redes criminales que operan tanto dentro como fuera del país.
El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que este tipo de colaboración permitirá la identificación más rápida de grupos organizados vinculados al narcotráfico o a actividades ilegales. Sin embargo, expertos en política internacional indican que “la integración de esfuerzos extranjeros no puede sustituir las políticas internas basadas en el diálogo social”, destacando que los problemas estructurales deben abordarse desde el interior de cada comunidad.
Evolución de la comunicación oficial
La forma en que Fujimori comunica sus iniciativas ha sido objeto de atención especial por parte del público y medios. Desde su primer mensaje oficial tras asumir el cargo hasta las declaraciones más recientes, se observa una evolución hacia un tono más directo y contundente. En su primera entrevista al día siguiente de la toma de posesión, dijo: “No hay espacio para miedos ni para silencios cuando hablamos de seguridad”, lo cual fue interpretado como un cambio estratégico respecto a los discursos más moderados previamente adoptados.
Este enfoque comunicacional ha sido replicado en otras plataformas oficiales del gobierno, incluyendo redes sociales gubernamentales y campañas digitales que promueven el uso de aplicaciones móviles para denunciar actividades ilegales. Aunque estas herramientas han logrado una visibilidad amplia — con más de 2 millones de usuarios activos según datos del Ministerio de Comunicación—, se han registrado casos de falsificaciones o manipulaciones por parte de grupos no autorizados que utilizan los mismos canales para difundir contenido engañoso.
Impacto social y futuro previsto
A pesar de las críticas institucionales, la presidencia inicial de Keiko Fujimori ha generado cierta esperanza en sectores sociales vulnerables. En zonas como el distrito de Surco, donde antes había un alto índice de violencias familiares, se reportó una disminución del 12% en incidentes relacionados con agresiones personales entre octubre y noviembre de 2026. Estos datos fueron confirmados por organizaciones locales de protección infantil.
El gobierno también anunció que iniciará estudios sobre la relación entre inseguridad urbana y condiciones socioeconómicas, especialmente en áreas rurales afectadas por desplazamientos forzados o migración masiva. Este análisis será parte de un informe público previsto para febrero de 2027, que podría influir directamente en futuras políticas públicas.
Cierre: Retrospectiva del primer cien días
Aunque los resultados obtenidos durante los primeros cien días no han demostrado una transformación radical en el entorno de seguridad ciudadana, la presidencia de Keiko Fujimori ha establecido un marco institucional claro y decidido frente a las amenazas estructurales. La afirmación de que “los criminales también lo saben” puede interpretarse como una estrategia para generar coherencia entre el poder ejecutivo y sus contrapartes sociales.
El camino por recorrer aún es largo: se requiere mayor participación comunitaria, más transparencia en los procesos legales y un compromiso profundo con derechos humanos. Si bien el gobierno ha mostrado firmeza, la verdadera eficacia del modelo dependerá no solo de acciones policiales o tecnológicas, sino de cómo las comunidades perciban su legitimidad y capacidad para participar activamente en la construcción de seguridad democrática.