El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró en un vídeo publicado en X que sus fuerzas militares destruyeron la sede del grupo criminal haitiano conocido como los 400 Mawozo durante una operación aérea sobre un complejo ubicado fuera de Port-au-Prince.
El ataque reclamado
Bukele dijo: 'Destruimos la casa de [líder de banda] Lanmò San Jou y la sede oficial de la banda 400 Mawozo'. El video fue acompañado por imágenes mostrando helicópteros circundando lo que parece ser una propiedad grande en Croix-des-Bouquets, ampliamente reconocida como un punto fuerte conocido para el grupo. Se ve a decenas de personas huyendo del lugar en el vídeo.
Según informes citados por The Miami Herald, la banda 400 Mawozo es una de las organizaciones criminales más grandes de Haití, involucrada en secuestros, extorsión, asesinatos y tráfico ilegal de armas. Ha tenido control prolongado sobre importantes zonas dentro de Port-au-Prince y sus alrededores.
Falta de verificación independiente
La BBC no pudo verificar ni la autenticidad del video de Bukele ni si el complejo realmente constituye la sede oficial de los 400 Mawozo. Las autoridades haitianas no han confirmado el estado de la propiedad ni proporcionado una evaluación sobre los daños. El grado de destrucción sigue sin ser confirmado; algunas fuentes sugieren que solo podría haber ocurrido daño parcial.
Wilson 'Lanmò San Jou', identificado como líder del grupo, se supone que no estaba presente en el sitio al momento del ataque. No hay confirmación pública de que hubieran muertos personas durante la operación —aunque varios medios reportan hasta 20 fallecidos, ninguno ha sido oficialmente verificado por autoridades haitianas o internacionales.
Presencia militar y contexto operativo
Las fuerzas militares salvadoreñas desplegaron aproximadamente 2.000 soldados en Haití en octubre tras el secuestro de cuatro técnicos de la Fuerza Aérea mientras compraban alimentos. Los hombres trabajaban con la Fuerza de Supresión de Gangsters (GSF), que inicialmente incluía personal procedente del Chad.
Desde entonces, las fuerzas salvadoreñas han tenido una presencia regular en Port-au-Prince. Según informes del Miami Herald, el grupo de drones de la Policía Nacional de Haití participó junto a los soldados salvadoreños durante la operación.
El primer ministro haitiano Alix Didier Fils-Aimé expresó públicamente su gratitud hacia las fuerzas militares salvadoreñas y afirmó la continuidad de la cooperación entre naciones —junto con la GSF— para 'reobtener control territorial' y restaurar la autoridad estatal.
Criticas y preocupaciones legales
La operación ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos como Amnesty International, que instó a ambos países a garantizar que todas las acciones de las fuerzas salvadoreñas cumplan con el derecho internacional humano. Los críticos argumentan que la implementación carece de coordinación clara dentro del marco del GSF y podría exceder los límites legales en un país soberano bajo retos de gobierno activo.
Las políticas internas de El Salvador han enfrentado escrutinio por ampliar poderes emergentes y llevar a juicio masivo a personas acusadas de pertenecer a grupos gangueños, lo cual genera preocupaciones sobre debido proceso y libertades civiles—temas reiterados en discusiones sobre sus intervenciones extranjeras.
Origen de la Instrucción
Bukele supuestamente respondió a un usuario en X que le desafió: '¿Dónde está esa casa? Dénos la dirección exacta, y la destruiremos.' El post ha sido eliminado posteriormente, probablemente violando las reglas de la plataforma. Este intercambio sugiere que la presión pública pudo influir en la decisión de actuar contra un sitio específico.
No existe registro oficial que confirme si la propiedad fue previamente designada como sede criminal o si se realizó alguna evaluación formal de inteligencia que respaldara acciones de objetivo en este lugar.
El Haití sigue siendo uno de los países más pobres de América, con violencias gangueñas persistiendo en zonas urbanas. Entre el 1 y el 11 de septiembre del año presente solamente, según datos de las Naciones Unidas, al menos 5.700 personas fueron asesinadas o heridas por grupos gangueños o durante operaciones contra estos grupos.
Mientras Bukele ha promovido semejantes represalias domesticamente—según informes, que han reducido los delitos relacionados con las pandillas en El Salvador—continúa emitiendo amenazas directas contra líderes de pandilleros haitianos mediante acciones militares en el extranjero. La legalidad y proporcionalidad de dichas intervenciones no están establecidas bajo derecho internacional.