Tras un impulso de activismos juveniles en medio de 2024, los manifestantes de la generación Z en India ahora enfrentan un futuro incierto marcado por una creciente restricción de manifestaciones y comunicación digital.
El aumento del descontento juvenil
Se produjeron aplausos en Jantar Mantar de Delhi en julio cuando las movimientos de protesta de la generación Z obligaron a que el ministro federal de educación Dharmendra Pradhan se retirara—momento celebrado como una "victoria de los jóvenes" por los participantes.
La iniciativa, liderada principalmente por el Partido Janta de Ratas (CJP), se extendió por ciudades indias. No estaba definida por castas, género o clase económica, según Yamini Aiyar, expresidente del Centro para Investigaciones Políticas. Incluso algunos miembros de la base fundamental del BJP—grupos de ingresos bajos pero con crecimiento social—se incorporaron a las protestas.
La satira en línea como herramienta de resistencia
p>Para muchos activistas jóvenes, la burla abierta contra el primer ministro Narendra Modi ha convertido una forma de expresión política. Sakhi, un estudiante manifestante vinculado al grupo izquierdista de la Universidad de Delhi y que se identifica como ellos/ella, dijo: "El miedo a represalias en generaciones anteriores no es tan fuerte en nuestra generación. La comedia es un nuevo idioma para cuestionar la autoridad".Este cambio representa una ruptura con las movilizaciones pasadas, que a menudo fueron desestimadas o etiquetadas como "antinacionales" por las autoridades. Entre 2019 y 2020, protestas contra la ley de ciudadanía llevaron al arresto bajo leyes anti-terroristas de Umar Khalid, acusado de ser un "conspirador clave". Él permanece encerrado más de seis años sin juicio.
Respuesta del gobierno y represalias legales
El partido gobernante Bharatiya Janata Party (BJP) ha defendido sus acciones, con el portavoz nacional Syed Zafar Islam afirmando: 'El derecho a protestar y la libertad de expresión están garantizados por la constitución, pero deben realizarse dentro de la ley. No pueden superar los derechos de otros al costo de la seguridad pública.'
Líderes del CJP—incluyendo Saurav Das y Ashutosh Ranka—han enfrentado detenciones repetidas por haber incumplido las normas en Jantar Mantar. El sitio fue posteriormente eliminado de la lista de lugares autorizados para manifestaciones, una medida que está siendo cuestionada en el tribunal.
Otras agrupaciones, como la All India Students' Association (AISA), también han sido objeto de acusaciones de desobediencia a órdenes policiales.
Un efecto congelante sobre las protestas
Expertos legales advierten que los procesos judiciales prolongados pueden disuadir futuras actividades activistas. Ali Khan, profesor asistente del Lloyd Law College, dijo: 'Muchos casos terminan con absolvimientos, pero eso lleva años. El proceso en sí mismo es una sanción y detiene a personas de participar.'
Vrinda Grover, abogada constitucional que asesora a líderes del CJP, argumentó que los derechos han sido vulnerados bajo el pretexto de orden pública. Ella afirmó: 'Los organizadores de protestas reiteradamente destacan que sus actividades son no violentas. Los derechos han sido reducidos bajo la excusa de seguridad y orden.'
Hostigamiento digital durante las actividades activistas
La oposición en línea conlleva importantes riesgos. Sakhi informó que recibió abusos dirigidos, incluyendo amenazas de violencia y rapto, tras publicaciones en redes sociales que se volvieron virales. Alguno del contenido fue supuestamente eliminado después de obtener millones de vistas.
'Hacer reír a las personas puede convertirse en ser considerado antinacional,' dijo Sakhi. 'Ellos quieren que me sienta dañado.' El incidente refleja preocupaciones más amplias sobre cómo se regula la expresión digital en India, especialmente para identidades marginadas como los transexuales.
El gobierno indio ha utilizado leyes de tecnología de información para restringir el discurso en línea, aunque no existe un mecanismo oficial ni registros públicos que confirmen que estas acciones hayan sido aplicadas sistemáticamente en las plataformas.
Mientras el CJP lucha por mantener impulso, los activistas afirman ahora enfrentar no solo barreras legales, sino también una atmósfera de miedo que socava su capacidad para protestar abiertamente y con seguridad.