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Marruecos promete autonomía y alto el fuego en el Sáhara tras la liquidación de la misión de la ONU

Cinco décadas después de la Marcha Verde, Marruecos anuncia una nueva etapa en su política hacia el Sáhara Occidental, ofreciendo autonomía al territorio y suspendiendo las operaciones militares bajo la supervisión de la ONU. La decisión se produce en un contexto de tensión internacional tras el cierre oficial de la Misión de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental (Minurso), que ha generado incertidumbre sobre el futuro del conflicto.

Marruecos promete autonomía y alto el fuego en el Sáhara tras la liquidación de la misión de la ONU

El País, 7 de noviembre de 2026 — Cincuenta y uno años después de que Marruecos iniciara su Marcha Verde hacia el Sáhara Occidental, el gobierno de Rabat anunció hoy una serie de medidas destinadas a consolidar estabilidad política en el territorio. La declaración fue presentada por el ministro de Asuntos Exteriores, Mohamed El Fassi, durante una rueda de prensa en la sede oficial del Ministerio de Relaciones Internacionales.

En un comunicado oficial publicado al mediodía, se informó que el país promete otorgar autonomía administrativa y legislativa al Sáhara Occidental, con el objetivo de garantizar su integración gradual dentro del sistema nacional sin alterar los principios constitucionales vigentes. Además, se anunció el alto el fuego a todas las operaciones militares realizadas bajo el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental (Minurso), cuya liquidación está prevista desde finales de 2025.

Contexto histórico: La Marcha Verde y sus consecuencias

El evento clave que marcó el inicio de esta nueva fase política en el Sáhara Occidental ocurrió el 4 de abril de 1976, cuando Marruecos lanzó su Marcha Verde, una campaña simbólica y militar que comenzó con la ocupación del territorio por parte del ejército nacional. Aunque inicialmente se presentaba como un acto de soberanía nacional, posteriormente fue interpretado como una medida para consolidar el control territorial frente a las demandas de independencia del movimiento policial Sahariense.

Desde entonces, el conflicto ha sido objeto de múltiples intentos diplomáticos, incluyendo acuerdos internacionales bajo la supervisión de organizaciones multilaterales. La ONU, en varias resoluciones entre 1975 y 2023, reconoció al Sáhara Occidental como territorio no autónomo que requiere solución mediante negociación directa entre Marruecos y los representantes legítimos del pueblo saharauí.

Liquidación oficial de la Minurso: un hito institucional

El cierre formal de la Misión de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental (Minurso) fue anunciado por el Secretario General de las Naciones Unidas en una declaración emitida el 15 de octubre de 2026. En ella, se informó que la misión había cumplido su mandato de supervisión y mediación desde su creación en 1975 hasta finales del año anterior.

Según documentos internos publicados por la Oficina de Asuntos Políticos de la ONU, la Minurso finalizó sus actividades debido a un déficit estructural en los recursos humanos y técnicos, así como al deterioro progresivo de la capacidad operativa para mantener la presencia diplomática constante en el territorio. La decisión fue tomada tras una evaluación técnica realizada entre septiembre y noviembre de 2026, que concluyó que no existía suficiente base institucional ni financiera para continuar con funciones activas.

El cierre oficial se produjo sin intervención directa del Consejo de Seguridad, lo cual ha generado debates sobre si este proceso fue adecuado desde un punto de vista internacional. Algunos analistas han señalado que la retirada anticipada podría haber sido más efectiva si hubiese incluido mecanismos de transición claramente definidos.

Nuevas medidas gubernamentales: autonomía y control militar

Dentro del anuncio de hoy, el gobierno marroquí detalló una serie de cambios institucionales en el Sáhara Occidental. Entre ellos se encuentra la creación de un Consejo Regional Autónomo para el Sáhara Occidental (CRA-SO), encargado de gestionar asuntos locales como educación, salud pública, infraestructura rural y desarrollo económico regional.

El CRA-SO será integrado por representantes electos por los habitantes del territorio, según lo establecido en las leyes nacionales vigentes sobre autonomía territorial. Además, se prevé que este organismo tenga capacidad para elaborar presupuestos propios y presentar proyectos a nivel nacional, aunque sin poder modificar la estructura constitucional general del país.

Otra medida clave es el alto el fuego a todas las operaciones militares realizadas bajo autoridad de Minurso o cualquier otro cuerpo internacional. Esta decisión no implica una retirada total de fuerzas marroquíes, sino un ajuste estratégico en el uso de recursos armados dentro del territorio saharauí.

Reacciones internacionales: apertura diplomática vs. críticas

La declaración de Rabat ha generado respuestas diversas entre los organismos internacionales y gobiernos vecinos. La Unión Europea expresó su apoyo al anuncio, destacando que la autonomía regional podría ser un paso positivo hacia la paz sostenible en el Sáhara Occidental.

En una nota oficial emitida por el Alto Representante para Asuntos Exteriores de la UE, Stéphane Séjourné, se afirmó que «la iniciativa marroquí representa un avance significativo en la búsqueda de soluciones pacíficas a conflictos históricos». Sin embargo, también advirtió que cualquier proceso debe garantizar los derechos humanos y el acceso equitativo a servicios básicos.

Más allá del ámbito europeo, organizaciones como la Organización de Estados Americanos (OEA) han expresado reservas. En su declaración pública, el representante de Costa Rica señaló que «el alto el fuego no puede ser interpretado como una renuncia al derecho de autodeterminación», subrayando que las comunidades saharauíes deben tener voz en decisiones clave sobre sus propios destinos.

Impacto social: expectativas y desconfianza

En los barrios rurales del Sáhara Occidental, especialmente en zonas como Tifariti, El Aaiún y Smouha, se han registrado movimientos sociales para exigir mayor participación política. Según un estudio realizado por la Universidad de Al-Azhar (Egipto) en colaboración con el Instituto de Estudios Políticos Marroquíes (IEPM), más del 68 % de las personas encuestadas consideran que la autonomía anunciada podría mejorar su calidad de vida.

No obstante, también existen voces críticas dentro del propio territorio marroquí. Activistas locales han expresado preocupaciones sobre cómo será implementada la nueva estructura autónoma y si realmente garantizará la representatividad democrática. En una reunión organizada recientemente por el Centro de Investigación Social del Sáhara Occidental (CIS-SO), varios líderes comunitarios afirmaron que «la promesa de autonomía no es suficiente sin un proceso transparente de participación ciudadana».

Desafíos institucionales: ¿Qué queda después de Minurso?

Aunque se ha anunciado el cierre formal de la Minurso, los mecanismos de supervisión internacional aún están en transición. La ONU ha establecido un período de seis meses para evaluar las condiciones previas a cualquier nueva iniciativa diplomática o administrativa en el territorio saharauí.

Dentro de este marco temporal, se han propuesto varias alternativas: una comisión especial encargada de revisar el estado actual del conflicto; la posibilidad de crear una misión intergubernamental con representantes regionales y nacionales; así como la apertura de diálogos directos entre Marruecos y el movimiento policial Sahariense (MPS).

El gobierno marroquí ha indicado que no está dispuesto a negociar un proceso de independencia inmediata. En su declaración oficial, El Fassi afirmó: «La soberanía nacional sobre el Sáhara Occidental es un derecho histórico y constitucional que se basa en décadas de integración social y económica». Aunque este enunciado fue respaldado por documentos legales del Ministerio de Justicia, también generó críticas por parte de organizaciones humanitarias.

Falta de datos verificables sobre participación ciudadana

Una limitación importante en la información disponible es la ausencia de datos concretos sobre cómo será implementada la autonomía regional. No existen cifras oficiales publicadas hasta ahora sobre el número de representantes electos, los criterios para su selección o las estructuras administrativas que se establecerán bajo el nuevo sistema autónomo.

Tampoco hay informes verificados sobre cuántas comunidades rurales serán incluidas dentro del proceso, ni si habrá mecanismos de consulta popular previa a cualquier decisión política. Esta brecha ha sido señalada por expertos en derechos humanos como el Dr. Omar Benali, quien afirma: «Sin una base democrática sólida y transparente, la autonomía no puede considerarse verdadera».

El futuro del conflicto: ¿Paz o estancamiento?

A pesar de las declaraciones gubernamentales positivas, muchos analistas creen que este nuevo paso podría estar más ligado al manejo político interno que a un avance real hacia la paz. El Sáhara Occidental sigue siendo uno de los conflictos más complejos del mundo en términos de derechos humanos, desarrollo regional e historia colonial.

La ONU ha advertido que el cierre de Minurso sin una alternativa claramente definida puede generar nuevas tensiones si no se garantizan mecanismos efectivos para resolver disputas locales y nacionales. En su último informe sobre el tema (publicado el 30 de octubre), el Departamento de Asuntos Políticos afirmó: «El vacío institucional creado por la liquidación de Minurso requiere atención urgente».

Mientras tanto, las comunidades saharauíes continúan enfrentando desafíos estructurales como la escasez de servicios básicos, la falta de acceso a educación superior y la exclusión política en los procesos decisionales. Estos factores podrían afectar negativamente cualquier proceso de autonomía si no se abordan con prioridad real.

Conclusión

La declaración marroquí sobre autonomía y alto el fuego en el Sáhara Occidental representa un punto de inflexión político, aunque aún sin respaldo suficiente para considerarse una solución duradera o equitativa. Aunque el gobierno ha presentado su iniciativa como un paso hacia la estabilidad, las carencias institucionales, la ausencia de participación ciudadana verificada y los desafíos sociales persisten.

El futuro del territorio dependerá no solo de decisiones gubernamentales, sino también de cómo se gestionan los procesos democráticos locales, si se garantizan derechos humanos fundamentales y si se establecen mecanismos efectivos de supervisión internacional que eviten nuevas rupturas políticas.

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