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El gabinete de un ministro advirtió al contratista que perdería trabajos en Victoria si no resolvía el conflicto industrial

Una comisión real en Victoria escuchó que el gabinete de un ministro informó a un importante contratista constructor que perdería obras públicas en el estado si no resolvía un conflicto industrial con la CFMEU. Testigos describieron miedo entre los trabajadores y afirmaciones sobre influencia unional en decisiones de seguridad en una obra ferroviaria.

El gabinete de un ministro advirtió al contratista que perdería trabajos en Victoria si no resolvía el conflicto industrial

La Comisión Real sobre la integridad de proyectos importantes de infraestructura pública y civil en Victoria ha escuchado que, durante un conflicto industrial en 2-022 relacionado con la eliminación de una intersección en Gap Road en Sunbury, un funcionario senior de la Autoridad Victoriana para la Implementación de Infraestructuras (Vida) fue informado por el gerente de Vida, Evan Tattersall, de que los contratistas John Holland y CPB Constructions no serían otorgados más trabajos en Victoria a menos que resolvieran su disputa con la Unión de Empleados de Construcción, Forrajero y Marítimo (CFMEU).

Advertencia del gabinete ministerial

Peter Wilkinson, ex funcionario de Vida ahora jefe ejecutivo de la autoridad del bucle ferroviario suburbano, dijo que aprendió de Tattersall—su superior directo en Vida—that el gabinete del ministro le comunicó a él ya sea el 6 o el 7 de junio de 2022: 'Si no pueden manejar las relaciones industriales en Victoria, no tendrán más trabajos.'

Tattersall se refería específicamente a John Holland y CPB Constructions. Wilkinson confirmó que en ese momento estos contratistas estaban postulando para un proyecto importante de infraestructura separado: el Proyecto Ferroviario del Aeropuerto de Melbourne, pero no sabía si el gabinete ministerial estaba al tanto de este hecho.

Trabajo reanudado tras reunión con la Unión

El conflicto terminó tras una reunión entre autoridades de construcción de CPD Constructions y representantes del CFMEU. Stephen Villella, director de entrega en el sitio, describió el evento como "extremadamente ofensivo", diciendo que requería a los líderes de la empresa "doblar la rodilla" ante funcionarios sindicales para resolver las preocupaciones.

Villella afirmó que ninguno de los problemas de seguridad planteados por el CFMEU era grave enough para justificar detener las obras en Gap Road. Dijo que los trabajadores se volvieron temerosos respecto a su situación laboral —se quedaban largas horas en salones de almuerzo una vez comenzaron a asistir— y que muchos se resistían completamente a acudir al trabajo debido al miedo a consecuencias organizacionales o personales.

Reclamos del Sindicato y Supuestos Influencias

Durante una reunión con Joe Myles, organista del CFME-UE, Villella informó que Myles sugirió que la colaboración podría ayudar a ganar futuras licitaciones, incluyendo el proyecto de tren aeropuerto, y afirmó tener líneas directas hacia la oficina de Jacinta Allan.

Villella rechazó las acusaciones de los abogados que asisten a la comisión de que fue Paul Tzimas, exorganizador del CFMEU, quien presentó las demandas sindicales en Gap Road. Dijo que Myles se retiró abruptamente durante la primera mitad de una sesión de 30 minutos —lo cual él describió como un "desprecio"— y no discutió ningún listado formal de exigencias en detalle.

Tras el acuerdo de los gerentes de construcción con las demandas del sindicato, las obras reiniciaron normalmente. Villella comentó: "¡Increíblemente, todos nuestros problemas de seguridad desaparecieron!"

Respuesta Crítica de los Abogados de la Comisión

Chris Young KC, abogado de la comisión real, criticó a Vida por no revelar prontamente evidencia relevante. En respuesta, el abogado principal Chris Carr SC informó que se había producido una gran cantidad de material nuevo durante la noche y señaló que esto ha abierto múltiples líneas de investigación, lo cual significa que no se espera ninguna otra declaración de testigo hasta martes.

Todas las declaraciones están atribuidas directamente a testigos o funcionarios tal como aparece en los registros públicos. No se realizó verificación independiente más allá de lo contenido en informes oficiales y testimonios registrados durante las audiencias.

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